El 1 de mayo de 2026, se anunció un importante convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, enfocado en la actualización de los mapas de localización de personas desaparecidas y el registro de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Este acuerdo se deriva de la Ley 20/2022, que busca promover la memoria democrática y garantizar el reconocimiento de las víctimas.

¿Qué implica este convenio?

Este convenio tiene como objetivo establecer un mecanismo de colaboración entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Gobierno de Navarra para gestionar mejor los datos sobre personas desaparecidas y víctimas. Para ello, se mejorarán y actualizarán los registros y mapas existentes, facilitando una mayor transparencia y acceso a la información sobre estas víctimas.

Claves del Convenio

  • Actualización de mapas y registros: Ambas partes se comprometen a mantener y actualizar los registros de víctimas y mapas de desaparecidos que gestionan en sus respectivos ámbitos.
  • Uso de tecnología: Se utilizará la aplicación "Dédalo", que permitirá una interoperabilidad más eficaz en la gestión de datos entre el Gobierno español y el de Navarra.
  • Duración: El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse.
  • No se prevén costes directos: Cada entidad financiará sus propios compromisos, sin que haya transferencias de dinero entre ellas.

¿A quién afecta esto?

Esta iniciativa es significativa para las familias de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, así como para la sociedad en general, ya que busca garantizar el derecho a la verdad y la justicia. Se espera que proporcione una mayor claridad sobre el destino de los desaparecidos y contribuya al reconocimiento y reparación moral de las víctimas.

¿Qué deben hacer los interesados?

Las familias de desaparecidos o víctimas pueden estar atentas a futuras habilitaciones por parte de las administraciones públicas que les permitan participar en el proceso de actualización de datos y en la búsqueda de justicia.

En resumen, este convenio no solo implica un paso hacia la justicia para las víctimas del pasado, sino que también establece un marco para la colaboración entre administraciones en aras de la memoria democrática.