La formación de fiscales es esencial para garantizar un servicio judicial de calidad. Por ello, el 3 de junio de 2026 se firmó un convenio entre la Xunta de Galicia, la Fiscalía General del Estado, la Diputación Provincial de A Coruña y el Centro de Estudios Jurídicos para la realización de cursos de formación en la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal. Estos cursos se llevarán a cabo del 9 al 12 de junio de 2026 en el Pazo de Mariñán, A Coruña.
Objetivo del Convenio
El convenio tiene como objetivo establecer un plan de colaboración para el desarrollo de actividades formativas dirigidas a los miembros de la Carrera Fiscal. Este año, el enfoque está en la "Tutela y protección de las víctimas en el curso del proceso penal". Se espera que estos cursos proporcionen herramientas y conocimientos modernos a los fiscales, mejorando así su eficiencia en el ejercicio de sus funciones.
Organización y Financiamiento
Las instituciones firmantes se encargarán de la organización y financiación de las actividades. La Xunta de Galicia aportará hasta 12,500 euros para cubrir gastos de transporte y organización, mientras que la Diputación Provincial de A Coruña contribuirá con 12,203 euros para costos relacionados con las instalaciones. El Centro de Estudios Jurídicos, por su parte, asumirá hasta 30,000 euros, destinados fundamentalmente a alojamiento y retribuciones para los ponentes.
Acreditación y Resultados
Los participantes recibirán diplomas o certificaciones que acrediten su asistencia y aprovechamiento de las actividades formativas. Además, se podrán publicar las ponencias y mesas redondas resultantes de estos cursos en el Repertorio Jurídico-Científico del Centro de Estudios Jurídicos.
Vigilancia y Duración
Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento para asegurar el cumplimiento de lo acordado y realizar ajustes si es necesario. Este convenio tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La colaboración entre estas entidades no solo busca mejorar la formación de los fiscales, sino también asegurar una mayor justicia y protección para las víctimas en los procedimientos penales.