La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, finalizando así su tramitación parlamentaria y quedando lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor. Esta ley tiene como objetivo principal la "prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos" a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que afecta a productores, distribuidores, restauradores y consumidores.
Entre sus metas destaca la intención de disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en un 50 por ciento per cápita en el consumo y venta minorista, y un 20 por ciento en las cadenas de producción y suministro, todo ello con horizonte al año 2030 con respecto a los niveles de 2020. Con ello, se promueve una economía circular y se busca sensibilizar a la ciudadanía y a todos los actores involucrados en la cadena alimentaria sobre la importancia de reducir el desperdicio.
El texto también define las obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria, incluyendo operadores del sector primario, empresas de distribución y restauración, y administraciones, quienes deberán adoptar buenas prácticas como la donación de alimentos, el reciclaje y una mejor planificación de la producción y el consumo.
Además, se incluye una disposición adicional que permite un control más eficiente sobre especies depredadoras que afectan al sistema productivo, bajo regulaciones que aseguran la conservación de especies autóctonas.
La ley fue presentada por el Gobierno en enero de 2024 y ha sido objeto de numerosas enmiendas en su tramitación a lo largo del tiempo. Con su entrada en vigor, se espera un impacto positivo en la gestión de residuos alimentarios y una mejora en las prácticas de producción y consumo responsable en España.