El Pleno del Congreso ha aprobado recientemente el Proyecto de Ley que modifica el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo este un paso significativo en la actualización de normas tributarias que afectan a la región. Esta modificación fue aprobada con 319 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, y ahora será remitida al Senado para continuar su tramitación.

La ley tiene como objetivo principal adaptar la normativa a las transformaciones en el ordenamiento tributario desde la entrada en vigor del Concierto en 2002. La reforma más reciente había sido en abril de 2023, la cual se ha quedado desfasada por los cambios normativos más actuales.

Entre los cambios más destacados se incluye la inclusión del Impuesto Complementario en el Concierto, y se especifican los puntos de conexión para asignar la normativa foral o común aplicable a los contribuyentes. La ley también establece que el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de ciertas entidades financieras se convierte en un tributo concertado con normativa autónoma.

Adicionalmente, se reformula el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, cambiando su régimen de un impuesto concertado conforme a las normas del Estado a uno de normativa autónoma. Se introducen también aspectos relacionados con las nuevas obligaciones formales que deben seguir las administraciones en el ámbito del cumplimiento tributario, especialmente en relación con los avances tecnológicos.

Durante la discusión, el grupo parlamentario VOX presentó una enmienda a la totalidad de devolución, argumentando que la existencia de un sistema tributario foral genera desigualdad entre los españoles. Sin embargo, esta enmienda fue rechazada por una clara mayoría.

El proyecto de ley, presentado por el Gobierno en marzo de 2025, muestra la característica de ser una iniciativa paccionada entre el Gobierno central y las instituciones forales. Su tramitación se ha llevado a cabo en lectura única, dada la naturaleza especial que tiene el Concierto Económico.

Esta modificación no solo tiene implicaciones para el País Vasco, sino que podría sentar precedentes en cómo se gestionan y administran los impuestos en otras comunidades autónomas, afectando así la relación fiscal entre el Gobierno central y las autonomías.