La Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado una nueva resolución que modifica una normativa previa de 2020 sobre delegación de competencias en materia de contratación. Esta modificación busca hacer más eficiente la gestión de la contratación pública y la administración del patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social.
¿Qué implica esta modificación?
Centralización de competencias: Ahora, las competencias en contratación administrativa y privada se delegarán principalmente al Secretario General de la Tesorería. Esta medida pretende unificar criterios y mejorar el control interno.
Límites de contratación: Se incrementa el límite de los contratos de obras en las direcciones provinciales hasta 2.000.000 de euros, y 900.000 euros para otros tipos de contratos. Esto facilitará una respuesta más rápida a necesidades operativas y descongestionará los servicios centrales.
Gestión del patrimonio: Se establecerá un plan de optimización para la gestión de bienes inmuebles de la Seguridad Social, lo que incluye la venta de aquellos bienes que no se utilizan. Este plan pretende reducir el 20% de patrimonio ocioso que actualmente tiene la Seguridad Social.
Delegación en direcciones provinciales: Se otorgarán mayores atribuciones a las direcciones provinciales para gestionar la venta de inmuebles. Esto implica que las decisiones sobre la enajenación de bienes pueden ser más rápidas y cercanas a los ciudadanos.
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos?
Estos cambios facilitarán la adquisición de servicios y obras por parte de la Seguridad Social, lo que puede traducirse en una mejora en la atención y mantenimiento de las infraestructuras de la Seguridad Social que atienden a los ciudadanos. Además, se pretende mejorar la eficiencia energética en los inmuebles a través del plan de optimización mencionado.
¿Qué deben tener en cuenta los afectados?
Los ciudadanos no necesitan tomar acciones inmediatas. Sin embargo, aquellos que interactúan con las direcciones provinciales de la Seguridad Social, como empresas que puedan participar en contratos de obras o servicios, deben estar atentos a posibles convocatorias y licitaciones que se deriven de estas nuevas normativas, ya que la gestión será más ágil.
Esta resolución entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 1 de mayo de 2026.