En la sesión del 22 de abril de 2026, el Congreso de los Diputados debatió una moción del Grupo Parlamentario Popular (PP) que critica la elevada carga fiscal en España, a la que se refiere como un "infierno fiscal". La diputada Alía Aguado expuso que, desde 2018, la recaudación ha aumentado enormemente, alcanzando los 180.000 millones de euros, pero argumentó que esto no se traduce en la mejora necesaria de los servicios públicos, ni en el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Aguado instó al Gobierno a realizar tres acciones específicas:
- Deflactar la tarifa del IRPF para que la tributación se adapte a la inflación y así compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
- Trasponer la Directiva 2020/285, que permitiría eximir del IVA a los autónomos con facturación inferior a 85.000 euros al año.
- Crear un fondo transitorio de financiación para ayudar a las comunidades autónomas en problemas financieros, algo que ya se planteó en el pasado por el actual ministro de Hacienda.
Por otro lado, el diputado de VOX, Sáez Alonso-Muñumer, apoyó la crítica del PP, añadiendo que la presión fiscal en España ha aumentado, a diferencia de otros países europeos, advirtiendo que esto empobrece aún más a la ciudadanía. Resaltó que la no deflactación del IRPF desde 2015 ha resultado en un aumento significativo de la carga fiscal, especialmente para las rentas bajas y medias.
La diputada del Grupo Mixto, Micó Micó, respondió que las críticas del PP carecen de fundamento, afirmando que España no es el país con más impuestos en Europa y sugiriendo que el debate debería centrarse en la equidad fiscal y el fraude fiscal, en lugar de simplemente aumentar o reducir impuestos.
Este debate toca un punto sensible en la política actual, donde las medidas fiscales y su impacto directo en la vida de los ciudadanos son temas de intenso escrutinio y contraste de opiniones.