En el reciente pleno del Congreso, se discutió sobre la reforma del Código Penal propuesta por el Partido Popular y VOX, que busca aumentar las penas por la portación de armas blancas y de fuego. En concreto, se establecen penas de cinco años de prisión para quien porte armas blancas y de cuatro años para la portación ilegal de armas de fuego. Esta iniciativa fue criticada por el Grupo Parlamentario Socialista, que destacó que en lugar de soluciones que abordan la raíz del problema, se opta por medidas que fomentan el miedo y no son efectivas.
La diputada del PSOE, Castilla Álvarez, subrayó que la tasa de criminalidad en España es la más baja de su historia y que las reformas actuales no responden a una realidad de inseguridad. Afirmó que el Gobierno ya está implementando medidas adecuadas, como protocolos de control de armas blancas en zonas de riesgo, y que la solución radica en abordar cuestiones de exclusión social y falta de oportunidades.
Los socialistas denunciaron que la propuesta de reforma es más un intento de provocar alarma social que una respuesta eficaz a la problemática de la violencia, y acusaron al PP y a VOX de no presentar soluciones sociales o educativas en su propuesta. La diputada terminó su intervención anunciando la intención de su grupo de votar en contra de la reforma planteada.
El debate dejó al descubierto la clara división entre las fuerzas políticas sobre cómo abordar la seguridad y la violencia en las calles, con un enfoque del PP y VOX en la criminalización, mientras que el PSOE defiende un enfoque más integral centrado en la prevención y la inclusión.