En el Pleno del Congreso, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular ha centrado su debate en la crítica a la política fiscal del Gobierno, acusándolo de haber condenado a todos los españoles a un "infierno fiscal". La diputada Alía Aguado argumentó que, a pesar de la elevada recaudación impositiva -aproximadamente 180,000 millones de euros desde 2018-, los ciudadanos ven dificultades en servicios públicos esenciales como la sanidad.
Alía Aguado denunció el incremento de la deuda pública y el mal gasto de los recursos, al mismo tiempo que señalaba que los impuestos actuales son injustos, especialmente para la clase media trabajadora. Ante esto, el Grupo Popular ha instado al Gobierno a adoptar tres medidas concretas:
Deflactar la tarifa del IRPF: Esto permitiría adaptar la tributación a la inflación y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias, actualizando también los mínimos personales y familiares que no se modifican desde 2015.
Trasponer la Directiva 2020/285: Se busca establecer un régimen voluntario de franquicia que exima del IVA a los autónomos con facturación inferior a 85,000 euros anuales, facilitando así su carga fiscal.
Crear un fondo transitorio de financiación: Esta medida sería un paso previo para reformar el sistema de financiación autonómica y local, reflejando una necesidad urgente en el contexto actual.
La defensa de estos puntos ha generado un claro enfrentamiento entre los grupos parlamentarios, poniendo de relieve las diferencias en la gestión fiscal y las consecuencias sobre sectores como el de los trabajadores autónomos, quienes sienten un aumento en sus cargas tributarias a pesar de las dificultades económicas.