En la última sesión del Pleno del Congreso, se abordaron las serias preocupaciones en torno a la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave, conocida como CUME. La diputada del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Sagastizabal Unzetabarrenetxea, interpeló a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, planteando que el sistema ha dejado de lado a cientos de familias que dependen de esta ayuda.
La CUME fue diseñada para permitir que padres y tutores reduzcan su jornada laboral para el cuidado de hijos gravemente enfermos. Sin embargo, según la diputada, ha surgido una “grieta” entre la finalidad del decreto y su aplicación real. Esta disfunción se manifiesta en la interpretación restrictiva de la normativa, que sigue exigiendo la hospitalización del menor como criterio, a pesar de que hay enfermedades que requieren cuidados permanentes sin necesidad de ingreso hospitalario.
Además, Sagastizabal enfatizó que el catálogo de enfermedades cubiertas está desactualizado, excluyendo condiciones como el autismo. También mencionó casos concretos en los que se han denegado prestaciones a menores, resaltando que los criterios aplicados por algunas mutuas son arbitrarios e injustos.
El debate derivó en la exigencia de reformar la normativa para elevar el límite de edad de la prestación, actualmente fijado en 23 años, sugiriendo que el aumento de esa edad es necesario dado que los avances médicos permiten que más menores sobrevivan más allá de esta edad pero con necesidades continuas de atención.
Otro tema relevante abordado es la alternativa de que la prestación se pudiera alternar entre progenitores, algo que la normativa actual limita de manera poco práctica. Además, se plantearon problemas en el cálculo de la prestación que, debido a la reducción de la jornada, puede conllevar una baja en los importes recibidos.
La diputada concluyó su intervención exigiendo que el compromiso y la protección de los derechos de cientos de familias sean prioridad, y que estas deben ser acompañadas en momentos de vulnerabilidad, en lugar de enfrentar barreras burocráticas.
Este debate pone de relieve una serie de problemas críticos en la protección de menores con enfermedades graves y deja en evidencias los desafíos sobre la necesidad de una reforma legislativa que asegure el bienestar de estas familias.