En la sesión del Congreso de los Diputados, se discutió un Real Decreto que busca modificar el sistema de copagos farmacéuticos. La oposición criticó fuertemente la iniciativa, calificada como una "chapuza" por la falta de consistencia en su redacción y la incertidumbre sobre su aplicabilidad. Se señaló que la implementación del decreto requiere coordinaciones complejas entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Hacienda, el INSS y las comunidades autónomas, lo cual ha suscitado dudas sobre su viabilidad.
Uno de los puntos de fricción más destacados fue la referencia a que los ciudadanos tienen hasta el 30 de junio para realizar la declaración de la renta, un proceso que está vinculado a la modificación de los umbrales de los copagos farmacéuticos. Sin embargo, el efecto de la normativa no podría aplicarse de forma inmediata, lo que generaría que los farmacéuticos o no pudieran implementar los cambios necesarios en la dispensación de medicamentos, complicando la situación para los pacientes que lo requieran. Estos nuevos tramos de copago afectarían tanto a asegurados activos como a pensionistas de la Seguridad Social.
La ministra de Sanidad fue puesta en el punto de mira por su aparente falta de comunicación y participación con otros organismos implicados, especialmente con los farmacéuticos y las comunidades autónomas, lo que ha llevado a describir el proceso como descoordinado y mal gestionado. Se evidenció así un fuerte rechazo a la forma en que se ha llevado a cabo esta reforma, haciendo hincapié en que la naturaleza de la norma exige un periodo de adecuación que no ha sido contemplado. Las críticas incluyeron también temas de corrupción política que, aunque no directamente relacionados con el decreto, surgieron durante el debate, manifestando un clima de tensión política en la Cámara.