En la reciente sesión plenaria del Congreso, se abordó la problemática de la ocupación de viviendas en España, cuya tasa afecta apenas al 0,061% del total, a pesar de que un 51,3% de la población la percibe como un problema significativo. La intervención de un miembro del grupo socialista criticó la propuesta del Grupo Popular, que se basa en medidas punitivas para abordar la okupación.
El orador expuso que el enfoque del Partido Popular carece de perspectiva social y no atiende las causas subyacentes de la okupación. Señaló que incrementar las penas no representa una solución efectiva, argumentando que quienes cometen delitos de okupación no se ven disuadidos por el aumento de la penalización. De hecho, comparó la propuesta de pena por okupación con delitos de mayor gravedad, cuestionando la moralidad y la lógica detrás de la misma.
Además, se criticó la eliminación del concepto de función social de la propiedad en la legislación propuesta. El orador advirtió que la iniciativa favorece a fondos de inversión y grandes tenedores, poniendo en riesgo a familias trabajadoras que enfrentan dificultades para mantener su hogar. Este enfoque, según él, promueve la violencia social al criminalizar a los más vulnerables y evitar que tengan acceso a una vivienda digna.
La intervención cerró reiterando el compromiso del grupo socialista de defender los derechos de los ciudadanos frente a políticas que, a su juicio, buscan beneficiar a intereses económicos a expensas del bienestar social.
La propuesta debatida se encuentra en el centro de una problemática más amplia en España, donde la ausencia de políticas efectivas de vivienda ha generado un creciente malestar social.