El pleno del Congreso ha convalidado hoy, por 315 votos a favor, 0 en contra y 32 abstenciones, el Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, que incluye un conjunto de medidas tributarias y otras de apoyo en respuesta a las situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos como la DANA y otros siniestros.
Este decreto-ley busca, a través de diversas disposiciones, mitigar el impacto tributario que han tenido estos desastres en las víctimas. Entre las medidas, se destaca el tratamiento igualitario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes reciben ayudas de la Comunitat Valenciana por la DANA, así como la exención tributaria de las ayudas proporcionadas por entidades sin ánimo de lucro.
Además de favorecer a las personas afectadas, el decreto también incluye medidas dirigidas a las administraciones territoriales. Se regula un régimen excepcional de endeudamiento que permitirá a la Comunitat Valenciana gestionar nuevas operaciones de financiación para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la DANA. Así, se asignan recursos adicionales a Extremadura para cubrir los gastos extraordinarios provocados por fenómenos meteorológicos adversos.
Otra de las innovaciones de este decreto-ley es la consideración de los procesos de incapacidad temporal y pensiones relacionadas con los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) como accidentes de trabajo, lo que otorga mayores derechos a los trabajadores afectados.
En cuanto a su tramitación, el Real Decreto-ley fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de abril y ha entrado en vigor inmediatamente. Debe ser convalidado o derogado por la cámara en un plazo de treinta días, un proceso que ya se ha cumplido en esta sesión.
Es importante tener en cuenta que el texto ha sido aprobado para su tramitación como proyecto de ley por unanimidad, lo que sugiere un respaldo amplio en el Congreso para continuar con la mejora de estas medidas y su formalización legal.
Con esta convalidación, las medidas ya están en vigor y se espera que alivien a ciudadanos, autónomos y empresas afectados por las circunstancias extraordinarias que han provocado la creación de este decreto-ley.