La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía ha publicado recientemente la resolución de la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta convocatoria, que fue anunciada en febrero de 2026, busca cubrir varias plazas en la Secretaría de Gobierno de dicho Tribunal.
Los puestos son principalmente para personal perteneciente a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. La selección del personal se ha llevado a cabo tras valorar los méritos de los candidatos, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa vigente.
Los resultados de esta convocatoria están recogidos en el anexo de la resolución, donde se detallan los puestos adjudicados, junto con los nombres y apellidos de los adjudicatarios. Algunos de los principales puestos son:
- Jefe de Equipo de Secretaría de Gobierno - Adjudicado a Miguel Ángel Chamorro Cherino.
- Secretaría Personal del Presidente del TSJA - Adjudicado a Emilio López Castro.
- Secretaría Personal del Secretario de Gobierno - Adjudicado a Amalia López López.
- Varios puestos de Secretaría Personal en diferentes localidades (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, y Sevilla) se encuentran vacantes.
Es importante señalar que la toma de posesión de los nuevos puestos no se llevará a cabo hasta que se active la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La fecha exacta para este inicio aún no ha sido determinada y será anunciada mediante resolución.
Si algún afectado desea impugnar esta resolución, puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados correspondientes dentro de un plazo de dos meses desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. También se puede presentar un recurso de reposición ante la Secretaría General de Servicios Judiciales en un plazo de un mes.
En resumen, esta resolución afecta principalmente al personal funcionario de la administración de justicia en Andalucía, en un proceso que busca mejorar la organización y funcionamiento de la justicia en la comunidad autónoma.