El Pleno del Congreso ha decidido crear una Comisión de Investigación para investigar sobre la crisis de suministro eléctrico que se produjo el pasado 28 de abril de 2025. Esta iniciativa, respaldada por los grupos Socialista y Plurinacional SUMAR, fue aprobada con 175 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención.
La Comisión tendrá una duración inicial de seis meses, aunque este plazo puede ser extendido si el Pleno del Congreso así lo decide. Durante estos seis meses, la Comisión se encargará de elevar un dictamen al Pleno que incluirá sus conclusiones, así como los votos particulares de los grupos parlamentarios. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 76.1 de la Constitución, la Comisión podrá también remitir sus conclusiones al Ministerio Fiscal si se identifican acciones legales pertinentes.
Los principales objetivos de esta Comisión incluyen:
- Investigar los hechos ocurridos el 28 de abril que resultaron en la caída del suministro eléctrico en toda la península.
- Aclarar las causas de dicha crisis e identificar las responsabilidades de los diferentes operadores públicos y privados involucrados.
- Analizar cómo respondieron las Administraciones y los operadores ante la situación y cómo se recuperó la normalidad después del apagón.
- Examinar las consecuencias económicas y sociales del incidente.
- Proponer medidas normativas y de gestión para fortalecer el sistema eléctrico ante futuros eventos inesperados.
La Comisión operará bajo un criterio de voto ponderado y desarrollará su actividad conforme a un Plan de Trabajo que será aprobado por sus miembros. También se establecerá una lista de comparecientes a ser invitadas a participar, así como de documentación que se solicitará a las Administraciones y expertos necesarios.
Esta Comisión de Investigación es especialmente relevante tanto para los ciudadanos, que dependen del suministro eléctrico, como para las empresas y autónomos que sufrieron las repercusiones de este apagón. Las conclusiones que se deriven de este proceso pueden dar lugar a reformas que podrían mejorar la resiliencia del sistema eléctrico en el futuro, protegiendo así tanto a la economía como a la sociedad en su conjunto.