Durante el debate del Pleno del Congreso, la atención se centró en el informe presentado por el Defensor del Pueblo, que recibió fuertes críticas por no reflejar la realidad social de millones de españoles. El orador cuestionó la perspectiva ideológica del informe, que según él, prioriza temas como el multiculturalismo y el cambio climático por encima de las inquietudes de los ciudadanos, como la dificultad para acceder a la vivienda y la inseguridad en barrios.
Se hizo hincapié en que el informe no aborda las condiciones críticas que enfrentan los trabajadores, las familias y los jóvenes en España, quienes lidian con problemas como la "inmobiliaria masiva" y la subida de los alquileres. En este contexto, se pidió que se reconozcan los derechos de los ciudadanos españoles, que se sienten ignorados en favor de un enfoque que favorece a los inmigrantes.
Otro punto de fricción fue la denuncia de la falta de acción ante la inseguridad y el impacto negativo que la inmigración puede tener en la convivencia y los servicios públicos. Se acusó al Defensor del Pueblo de silenciar críticas legítimas sobre la inmigración y de no tomar una posición clara sobre la necesidad de proteger las fronteras.
Adicionalmente, se abordó la cuestión de la justicia en España, subrayando que los procesos judiciales deben ser no solo justos, sino también ágiles. Se criticó la Ley Orgánica 1/2025 que, según el orador, ha agravado la lentitud de la justicia, penalizando a los ciudadanos que buscan respuestas rápidas.
En resumen, aunque el informe toca temas de gran relevancia, se consideró que su enfoque no da respuesta a las necesidades urgentes de los españoles, resaltando una desconexión entre las administraciones y la ciudadanía.