En la sesión reciente del Congreso, se debatió sobre las diversas críticas a la prórroga obligatoria de los arrendamientos de vivienda, que se extiende por dos años. Un punto central de fricción fue la falta de requisitos claros que obliguen a los arrendatarios a estar al corriente de pago, lo que algunos diputados calificaron de "negligencia jurídica grave". Esto se considera problemático, ya que podría desbalancear los derechos de inquilinos y propietarios y generar inseguridad jurídica.
Otro tema clave en el debate fue la excepción por necesidad del propietario, que, según los críticos, resulta inaplicable en la práctica. Esto se debe a que muchas de las disposiciones necesarias para invocarla no se incluyen en los contratos originales, lo que limita su efectividad.
La discusión también se centró en la supresión del Índice de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda (IRAV), ya que se argumentó que el tope de incremento propuesto del 2% es arbitrario y no se conecta con la realidad del mercado. Esto ha suscitado dudas sobre la coherencia de las políticas de vivienda del gobierno.
A su vez, se expuso que las medidas para penalizar a grandes tenedores de propiedades pudieran favorecer, en realidad, a estos sobre los pequeños propietarios, lo que contradice el fundamento inicial de la ley. Dichas críticas se coronan con la afirmación de que las políticas actuales han llevado a un aumento de precios en el alquiler, afectando más a los segmentos socioeconómicos menos solventes.
Desde la oposición, se propusieron alternativas como deducciones fiscales para los arrendatarios, señalando que se deben facilitar más viviendas y menos burocracia en la construcción de nuevas promociones. La necesidad de reformar las normativas sobre contratación pública también fue destacada, dado que se ha observado una renuncia de promotores a invertir en vivienda pública debido a aumentos de costos y una rigidez en las adjudicaciones.
El debate llegó a un punto culminante al exhortar a los legisladores a priorizar medidas que realmente aporten al incremento de la oferta de vivienda asequible, resaltando la ineficacia de normativas que no contemplen el contexto del mercado actual ni la urgencia de soluciones concretas.