El pleno del Congreso de los Diputados ha sido escenario de intensas críticas hacia un decreto relacionado con el transporte, con un énfasis particular en la necesidad de reformas estructurales. Los diputados argumentan que el modelo actual del sector está deteriorado por la corrupción, la falta de inversión y la inseguridad jurídica, lo que pone en riesgo el desarrollo de los sectores productivos del país.
Uno de los principales puntos de fricción fue la supuesta solución del Gobierno sobre la revisión obligatoria del precio del transporte, donde se asegura que los costos del combustible serán repercutidos. Sin embargo, los críticos aseguran que esta medida no es más que un "maquillaje" que no resuelve el problema de fondo, ya que los transportistas seguirían enfrentando dificultades para negociar en igualdad de condiciones, lo que perpetúa una "tensión permanente" en el mercado.
Asimismo, se introdujo una nueva fórmula de revisión automática del coste del transporte, que algunos consideran innecesariamente complicada. Se reclamó una intervención real del Gobierno en el mercado, pidiendo medidas que reduzcan los costos estructurales, que no fueron abordadas en el decreto presentado.
Por otro lado, se criticó el endurecimiento del régimen sancionador del sector, con aumento de multas y obligaciones, mientras se hace caso omiso a la competencia desleal que enfrentan muchos transportistas. Los intervinientes señalaron la falta de ayudas sustanciales, especialmente en relación con la reducción de cargas fiscales.
En el ámbito del transporte ferroviario, se mencionaron ayudas directas que fueron considerados parches insignificantes hacia un sector en crisis y que ha perdido cuota frente al transporte por carretera debido a la falta de inversión y gestión. Además, se aludió a problemas similares en el transporte marítimo, resaltando la falta de una visión global del sistema logístico del país, lo que contribuye a la competencia desleal entre puertos.
En conclusión, los debates llevaron a una insistente petición de estabilidad, seguridad jurídica y planificación, criticando la tendencia a actuar "a golpe de decreto".