En el debate del pleno del Congreso, se abordó un proyecto de ley que busca establecer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales. Este proyecto ha generado una serie de críticas por parte de varios grupos, especialmente Junts, que argumenta que la iniciativa centraliza competencias y perjudica el ecosistema empresarial, en particular en Cataluña.
Los críticos señalaron que la ley ignora las lenguas cooficiales, lo que podría dar lugar a desprotección de comunidades lingüísticas como la catalana en el entorno digital. Además, quedó claro que el enfoque centralista de la propuesta contraviene la realidad plurinacional del Estado y omite la participación de las comunidades autónomas, que tienen competencias significativas en áreas como el consumo y la protección de datos.
A lo largo del debate, se evidenció también la preocupación por el procedimiento legislativo utilizado para tramitar la ley. Se destacó que el proceso no ha contado con la debida consulta pública ni informes de impacto, lo que fue visto como un inconveniente significativo para abordar la regulación de derechos fundamentales de millones de ciudadanos.
Se hizo énfasis en que el régimen sancionador propuesto podría ser desproporcionado, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes plataformas tendrían mayores recursos para soportar las posibles sanciones. Las criticaciones se centraron en la percepción de que el proyecto no solo era insuficiente en cuanto a la protección de los derechos digitales, sino que también podría ser perjudicial en la implementación de un marco regulatorio que se espera se alinee con los nuevos desafíos del entorno digital y la inteligencia artificial.
El debate dejó entrever un punto de fricción clave: la necesidad de equilibrar la urgencia de adaptación a normativas europeas con el respeto a la descentralización y la diversidad lingüística del Estado. La postura de Junts y otros críticos sugiere que, si el proyecto avanza sin cambios sustanciales, podría no contar con el apoyo necesario para su aprobación.