Una reciente resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha permitido que investigadores académicos accedan a información registral que anteriormente había sido denegada. Esta decisión, publicada en el BOE, responde a un recurso presentado por una profesora universitaria que solicitó la certificación de ciertas fincas en Conil de la Frontera, España. El objetivo de la solicitud era recolectar datos para una investigación histórica sobre la transformación de este municipio desde un modelo agrario y pesquero hacia uno turístico.

En septiembre de 2025, la profesora I. M. R. A. solicitó datos sobre las fincas de un antiguo propietario, alegando que tales datos eran cruciales para su estudio sobre el desarrollo turístico en la zona. Sin embargo, la registradora de la propiedad de Conil de la Frontera rechazó su solicitud afirmando que el interés para otorgar la información debía ser exclusivamente patrimonial.

La resolución de la Dirección General reevalúa este concepto de "interés legítimo." Aclara que la investigación científica y académica puede justificar este interés, especialmente en casos donde la información solicitada no infrinja la privacidad, al referirse a datos relacionados con personas fallecidas hace décadas. Por lo tanto, la profesora podrá acceder a ciertos datos de las fincas, incluyendo la fecha y naturaleza de la adquisición y la identidad del vendedor, pero con un tratamiento profesional y limitaciones en la cantidad de información proporcionada.

Claves de la Resolución:

  • Interés Académico Reconocido: La resolución subraya que los fines de investigación histórica y social son válidos para acceder a datos registrales, ampliando así las posibilidades de trabajo para investigadores.
  • Publicación Electrónica: La información se proporcionará en formato electrónico, asegurando la protección de datos y evitando la divulgación de información no relevante para la investigación.
  • Plazo de Impugnación: Los afectados pueden impugnar esta resolución ante el Juzgado de lo Civil correspondiente en un plazo de dos meses.

En resumen, esta decisión puede beneficiar a otros investigadores y académicos que requieran acceso a datos históricos para sus trabajos, ampliando así el entendimiento sobre el impacto social y económico del desarrollo urbano en localidades como Conil de la Frontera.