Recientemente, se ha rechazado la solicitud de inscripción de la rectificación de cabida y georreferenciación de una finca situada en Requena, presentada por la mercantil "La Noria de Casas del Río, S.L.". La negativa vino tras informes de varias administraciones que indicaban que la finca invadía terrenos de dominio público, específicamente un camino municipal y dominios de agua.
La solicitud inicial se presentó en octubre de 2025, y tras varios trámites y la presentación de documentación técnica, el registrador emitió una calificación negativa amparada en la Ley Hipotecaria. El problema radica en que la finca solicitada ocupa terrenos que, según las administraciones, afectan a bienes que son inalienables y están protegidos por ley, como caminos públicos y zonas de dominio hidráulico.
En concreto, tres informes de entidades: la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldía de Balsa de Ves y la Generalitat Valenciana, oponían a la inscripción, resaltando que la finca invade terrenos que no pueden ser privatizados. Esto llevó al registrador a denegar la inscripción con el argumento de que no puede inscribir propiedades que interfieran con el dominio público, independientemente de si están formalmente deslindados o no.
Además, la resolución subrayó que, aunque las administraciones en cuestión no habían iniciado formalmente un procedimiento de deslinde, esto no impide que se considere la posible invasión del dominio público al momento de rechazar la inscripción. Esta acción tiene un impacto directo en los interesados, que ahora deben reevaluar su situación legal y considerar la necesidad de iniciar los trámites de deslinde si creen tener derecho sobre la propiedad o buscar alternativas para regularizar su situación.
Aquellos que podrían estar en situaciones similares y que deseen inscribir propiedades deben asegurarse de tener toda la documentación necesaria y posiblemente iniciar un deslinde para evitar problemas de inscripción.
En resumen, para proceder con modificaciones en registros de propiedades que podrían afectar el dominio público, se recomienda tener un claro entendimiento con las administraciones que regulan el uso del suelo y realizar las inspecciones y trámites necesarios para evitar denegaciones.