El Congreso de los Diputados ha decidido derogar el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado el 20 de marzo, que implementaba medidas relacionadas con el alquiler de viviendas como respuesta a las dificultades económicas y sociales provocadas por la Guerra de Irán.
La normativa anterior buscaba evitar que los gastos de alquiler, junto a otros costes básicos, superaran el 30% de los ingresos medios de los hogares. Entre sus disposiciones, se encontraban la posibilidad de prórrogas de hasta dos años para contratos de alquiler que finalizarán antes de 2028, así como la limitación de la actualización de rentas a un máximo del 2% en los casos donde el arrendador era un gran tenedor.
El resultado de la votación en el Pleno fue de 166 votos a favor de la derogación, 177 en contra y 5 abstenciones, lo que ha llevado a que estas medidas queden sin efecto. El decreto-ley había sido poniendo en vigor desde el 22 de marzo de 2026, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La derogación de este decreto-ley, además de responder a la situación de crisis provocada por la Guerra de Irán, pone de nuevo en el centro de atención el debate sobre la regulación del alquiler y su impacto en la ciudadanía, sobre todo en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Es importante seguir de cerca cómo esta decisión afectará a la capacidad de las familias para gestionar sus gastos en vivienda y qué nuevas propuestas podrían surgir para abordar la crisis del alquiler en el contexto actual.