En la reciente sesión del Congreso de los Diputados, se discutieron diversas iniciativas del Gobierno dirigidas a mitigar el impacto socioeconómico en Canarias, anunciadas tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el de Canarias. Este pacto permite que el Estado financie medidas complementarias que activa el Ejecutivo canario para abordar la situación actual.
Entre las principales medidas destacadas, se encuentra la reducción del impuesto general indirecto canario sobre gasolinas, que ha pasado del 1% al 0%, así como la disminución del IGIC del gas natural del 3% al 0%. Estas bonificaciones comenzaron a aplicarse en el Consejo de Gobierno de Canarias desde el pasado 6 de abril, con un coste estimado de 15 millones de euros hasta junio de 2026, que se anualizarían en unos 60 millones de euros.
Además, se prevén otras acciones incluidas en un real decreto ley que buscan responder a las especificidades de la transición energética en las islas. Esto comprende la actualización de la tasa de retribución financiera para la producción de electricidad en territorios no peninsulares durante el periodo 2026-2031, así como la simplificación de la autorización de instalaciones temporales de emergencia, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico durante situaciones críticas.
El debate también hizo énfasis en la necesidad de atender especialmente a los sectores más vulnerables, con un paquete de 30 millones de euros destinado al apoyo del transporte marítimo, y 10 millones para trayectos interinsulares en Canarias. Desde 2018, el Gobierno ha estado bonificando el 75% de los billetes aéreos y marítimos para residentes, una medida que se espera que en 2025 suponga un impacto económico de alrededor de 1200 millones de euros en el archipiélago.
Por otro lado, el apoyo al sector del transporte de mercancías y la exención de tarifas en vuelos de origen en La Palma también fueron subrayados. En general, se presentó un amplio conjunto de acciones tanto a corto como a largo plazo para mejorar las condiciones en Canarias en medio de un contexto económico incierto.
El Ejecutivo continúa manifestando su intención de reaccionar con flexibilidad a los conflictos, teniendo en cuenta la evolución de la crisis y la incertidumbre que persiste sobre el futuro.