El Pleno del Congreso ha dado un paso significativo en la defensa de los derechos de los cristianos perseguidos a nivel global. En una votación realizada el 18 de marzo de 2026, se aprobó una proposición no de ley impulsada por el Grupo Popular. Esta iniciativa pretende establecer una serie de acciones concretas que el Gobierno español debe llevar a cabo en el ámbito de la política exterior y de cooperación internacional.

Entre las principales medidas que se han aprobado se encuentran las siguientes:

• Reforzar la acción diplomática en defensa de la libertad religiosa, posicionando la protección de las comunidades cristianas perseguidas como una prioridad en la política exterior española.
• Promover informes y resoluciones firmes ante el Consejo de Europa, la Unión Europea y la ONU, condenando las masacres y persecuciones por motivos religiosos, así como reconociendo tales actos como violaciones de derechos humanos.
• Apoyar la creación de mecanismos internacionales de investigación y justicia para juzgar a los responsables de ataques contra comunidades cristianas.
• Impulsar campañas de sensibilización y educación en España y en el ámbito europeo, con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre la situación de los cristianos perseguidos y fomentar una cultura de respeto hacia todas las confesiones religiosas.
• Vincular la cooperación internacional a la protección de la libertad religiosa y de las minorías cristianas, exigiendo su respeto en los acuerdos de la UE y de España con terceros países.
• Proteger a las comunidades religiosas en riesgo, buscando prevenir su migración forzosa y permitiendo que permanezcan en sus hogares.

Este debate y la aprobación de la proposición son importantes porque reflejan el compromiso del Estado español con la defensa de los derechos humanos a nivel global, algo que puede influir en las relaciones internacionales y en las percepciones de España en el escenario mundial.

A medida que se avanza en la implementación de estas medidas, es crucial que tanto la ciudadanía como las empresas y los autónomos estén al tanto de cómo estas acciones pueden afectar las relaciones comerciales y la cooperación internacional en un contexto cada vez más interconectado. La promoción activa de los derechos humanos puede abrir nuevas oportunidades para la cooperación extranjera y fomentar un ambiente global de respeto.