El Pleno del Congreso ha dado luz verde a una moción impulsada por el Grupo Popular, exigiendo a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que brinde un informe detallado sobre las causas del mayor apagón en la historia de España.
Esta moción, que se aprobó el 12 de junio de 2025, requiere al Gobierno realizar varias acciones críticas:
Evaluación del Impacto: Se exigirá una evaluación exhaustiva que analice no solo el impacto económico sino también los daños personales causados por el apagón. Esto incluye la recopilación de datos sobre fallecimientos, lesiones y el perjuicio a los sectores económicos más afectados, así como a los servicios públicos.
Información a los Investigadores Europeos: El Gobierno deberá compartir la información relevante con organismos internacionales y las autoridades competentes, asegurando una colaboración estrecha con investigadores de Portugal, Francia y equipos de la Unión Europea.
Dictamen Jurídico de la CNMC: Se llamará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que emita un dictamen claro que delimite el ámbito competencial sobre la seguridad del suministro eléctrico entre el Gobierno, el operador del sistema y la CNMC.
Mecanismo de Compensación: La moción también exige el establecimiento de un mecanismo de compensación para los ciudadanos ante el aumento desproporcionado de los costes eléctricos que se han producido como consecuencia del apagón y las medidas de ajuste técnico implementadas.
Esta decisión del Congreso resalta la importancia de la transparencia y la responsabilidad gubernamental en la gestión de crisis energéticas, así como la necesidad de proteger a los ciudadanos, autónomos y empresas que se han visto afectados. La evaluación y las medidas de compensación son cruciales para mitigar el impacto de este apagón histórico, que ha generado un debate sobre la seguridad del suministro eléctrico en España.
La acción del Congreso no solo busca esclarecer las causas de este grave incidente, sino también proporcionar una respuesta adecuada a los miles de afectados que han sufrido las consecuencias económicas y personales de este evento.