El Pleno del Congreso ha dado un primer paso importante al tomar en consideración, el 18 de marzo de 2025, una Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista que busca reformar la legislación actual sobre el tráfico y la seguridad vial. Esta iniciativa ha sido impulsada con el objetivo de mejorar la seguridad en las vías públicas, lo cual afecta tanto a conductores como a peatones.

La proposición tiene dos medidas clave:

  1. Reducción de la tasa máxima de alcohol: Se propone reducir la cantidad máxima de alcohol permitida al volante, especificando que será infracción grave conducir con tasas superiores a 0,1 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o 0,2 gramos por litro en sangre.

  2. Prohibición de difusión de controles: Se plantea prohibir la difusión, tanto en medios públicos como privados, de la ubicación de los controles de alcoholemia y drogas establecidos por las autoridades policiales, lo que tiene como fin evitar que los conductores sean advertidos de estos controles y, por ende, reducir el riesgo de conducción bajo efectos de alcohol o drogas.

La iniciativa también establece sanciones específicas por estas infracciones, incluyendo multas que pueden alcanzar hasta 1.000 euros y la pérdida de puntos en la licencia de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Esta ley, tras haber superado la etapa de toma en consideración, pasará a la Comisión competente del Congreso, donde se abrirá un plazo para presentar enmiendas. Si estas enmiendas son rechazadas, la propuesta seguirá su camino hacia una posible aprobación final en el Congreso, y posteriormente, su remisión al Senado para continuar con su tramitación.

La importancia de estas medidas reside en el objetivo de reducir accidentes de tráfico, una preocupación constante tanto en el ámbito de la ciudadanía como de los autónomos y empresas que dependen del uso de vehículos para el desarrollo de su actividad.

En conclusión, la nueva normativa, de ser aprobada, modificaría significativamente las pautas de conducta de los conductores en España, así como la responsabilidad legal asociada a la difusión de información sobre controles de seguridad vial, contribuyendo a un entorno vial más seguro para todos.