El Pleno del Congreso ha dado un paso decisivo al convalidar el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo, que introduce medidas urgentes para proteger el interés superior de los menores extranjeros no acompañados en el contexto de situaciones de contingencia migratorias extraordinarias. Esta legislación, que obtuvo 179 votos a favor y 170 en contra, ahora se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Entre las medidas más destacadas, se crea un fondo de 100 millones de euros destinado a compensar a las comunidades y ciudades autónomas por los costes que puedan derivarse de la atención a estos menores, especialmente en zonas de sobreocupación. Este contexto de aumento en la inmigración ha generado la necesidad de redistribuir a estos menores de las comunidades que enfrentan una carga más alta hacia aquellas menos saturadas, basado en principios de solidaridad y equidad.
El Decreto introduce varios artículos nuevos a la Ley Orgánica 4/2000, entre ellos el artículo 35 bis, que establece los criterios para declarar una "contingencia migratoria extraordinaria". En esta situación, las comunidades que excedan su capacidad de protección deberán coordinar el traslado de menores a otras regiones. También se define el mecanismo mediante el cual se aplicarán estos traslados y se dictará la resolución correspondiente en un plazo máximo de 15 días.
Los criterios para la redistribución de los menores incluirán factores como la renta per cápita, la tasa de desempleo y el esfuerzo en atención a estos menores por parte de cada comunidad. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento y la coordinación, se establece que los criterios acordados serán obligatorios para todas las comunidades autónomas.
Este decreto es fundamental no solo por los aspectos de gestión y atención a las personas en situaciones vulnerables, sino también por su implicación económica en las comunidades afectadas. Así, las decisiones tomadas por el Congreso en este ámbito tienen un impacto directo en la capacidad de estas comunidades para responder a la acuciante necesidad de proteger a los más vulnerables dentro del espectro migratorio.
En conclusión, la convalidación de este Real Decreto-ley marca un avance importante en la política migratoria y de protección a la infancia en España y responde a la necesidad urgente de atender de manera integral a los menores extranjeros no acompañados.