El Pleno del Congreso se ha centrado en la convalidación del Real Decreto Ley 11/2026, que aborda la modificación de las aportaciones de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. La ministra de Sanidad, María García Gómez, defendió la importancia de esta iniciativa, destacando su impacto directo en la vida cotidiana de las familias españolas, especialmente en aquellas con pacientes crónicos que enfrentan dificultades económicas para acceder a sus medicaciones.
García Gómez explicó que el objetivo principal de esta reforma es hacer el sistema de copago farmacéutico más progresivo y justo, adaptando las aportaciones a la realidad económica de los ciudadanos. El nuevo sistema incluye seis tramos de ingresos para los trabajadores activos, a diferencia de los tres existentes anteriormente, lo que permitirá un mejor ajuste en las aportaciones. Por ejemplo, aquellas personas con ingresos inferiores a 9,000 euros anuales podrán ahorrar hasta 500 euros al año en tratamientos, mientras que aquellos con ingresos de 22,000 euros podrán ahorrar hasta 460 euros.
Asimismo, la reforma mejorará la protección de los pensionistas, introduciendo un nuevo límite de copago mensual de 13 euros para aquellos con ingresos entre 18,000 y 60,000 euros, y un límite de 18 euros para ingresos de hasta 100,000 euros. Esta medida también aborda distorsiones previas, especialmente en relación con los complementos a mínimos de las pensiones, garantizando que no se pierda la exención farmacéutica debido a un leve aumento en la pensión.
La ministra enfatizó que esta reforma no solo se considera una medida de protección social, sino también una estrategia para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ya que promueve la adherencia a los tratamientos y, a largo plazo, reduce los gastos en emergencias y hospitalizaciones. El debate ha resaltado cómo las decisiones sobre el acceso a la salud son fundamentales para la economía de muchas familias y los beneficios que estas modificaciones pueden ofrecer a la población más vulnerable.
El Real Decreto Ley 11/2026 es un paso hacia la consecución de un sistema sanitario más equitativo y accesible, con el objetivo de que ningún ciudadano se vea obligado a renunciar a su tratamiento por motivos económicos.