El Pleno del Congreso ha llevado a cabo la convalidación este miércoles del Real Decreto-ley que introduce medidas urgentes en diversos ámbitos, como la economía, el transporte, la Seguridad Social y la protección a colectivos vulnerables. Con un respaldo abrumador de 315 votos a favor frente a 3 en contra y 1 abstención, la Cámara ha decidido también tramitar esta iniciativa como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con un total de 347 votos a favor y sólo 1 en contra.

Este decreto-ley se articula en cuatro títulos. El primero se enfoca en medidas económicas y de financiación territorial, como la extensión del régimen transitorio de suspensión de liberalización de inversiones extranjeras directas por residentes de la Unión Europea y la AELC hasta el 31 de diciembre de 2026. Se incluye también un régimen excepcional de endeudamiento para la Comunitat Valenciana, destinado a cubrir necesidades urgentes debido a los gastos extraordinarios por la DANA.

El segundo título aborda las ayudas al transporte terrestre, prolongando la gratuidad del transporte público de media distancia por ferrocarril y los descuentos en servicios ferroviarios hasta el 31 de diciembre de 2025, así como las ayudas directas que se extienden hasta el 30 de junio de 2025.

En el ámbito de la Seguridad Social, el tercer título se centra en la revalorización de pensiones y otras prestaciones públicas durante el año 2025. También se actualizará la base máxima de cotización y se implementarán medidas para proteger el empleo, evitando despidos y la destrucción de puestos de trabajo.

Por último, el cuarto título contiene medidas de apoyo a colectivos vulnerables, prorrogando la suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 y estableciendo una línea de avales estatales para el alquiler de vivienda destinada a jóvenes y familias con dificultades. Se contempla, además, la aplicación de ayudas para la reconstrucción económica en La Palma tras los efectos de la erupción volcánica y la garantía de suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este decreto es significativo porque refleja el compromiso del Gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica y social consecuencia de diversos factores, incluyendo la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis habitacional. Las medidas adoptadas son un esfuerzo por proteger a los sectores más vulnerables de la población y facilitar la estabilidad económica en momentos de incertidumbre.