El Pleno del Congreso ha dado luz verde al Real Decreto-ley 15/2025, aprobado el 2 de diciembre de 2025, que buscar utilizar los superávits generados por las comunidades autónomas y las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles. Con un resultado de 179 votos a favor, 168 en contra y 1 abstención, esta medida es significativa por su potencial impacto en proyectos de interés público a nivel local y autonómico.

Una de las características destacadas de este decreto-ley es la prórroga de las reglas de estabilidad presupuestaria que permiten a estas entidades comprometer sus superávits hasta el año 2027. Se establece que si la ejecución de algún proyecto de inversión se ve retrasada, su gasto autorizado puede ser trasladado a los ejercicios siguientes, es decir, 2026 o 2027, facilitando así la continuidad de iniciativas importantes.

Además, el decreto también modifica el Real Decreto 1007/2023, que regula los requisitos de los sistemas informáticos de facturación utilizados por empresarios y profesionales. La entrada en vigor de ciertas disposiciones de este reglamento, conocido como 'Reglamento Verifactu', se ha aplazado hasta 2027. Esta decisión responde a la necesidad de asegurar que las empresas dispongan del tiempo suficiente para adecuar sus sistemas de facturación a las nuevas normas.

Con la convalidación de este real decreto-ley, se abre un camino para la tramitación como proyecto de ley bajo un procedimiento de urgencia, lo que permitirá su discusión y posible modificación en el futuro cercano. Sin embargo, lo que está claro es que tanto las entidades locales como las comunidades autónomas han recibido un impulso para utilizar sus recursos de una manera que beneficie a sus ciudadanos.

Estas medidas son cruciales tanto para las entidades públicas, que podrán financiar proyectos necesarios, como para el sector empresarial, que tendrá la oportunidad de actualizar sus sistemas de facturación en un plazo más adecuado y menos presionado.

En conclusión, el Congreso ha tomado una decisión que no solo afecta directamente a la gestión pública, sino que también incide en la operativa de numerosas empresas en el país, garantizando que la implementación de tecnologías de facturación sea, desde ahora, más factible y ordenada.