El Congreso de los Diputados ha abordado en su última sesión la Proposición de ley orgánica que busca modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, con el fin de reconocer a los funcionarios de la Administración penitenciaria como agentes de la autoridad. Esta iniciativa, presentada por varios grupos parlamentarios, ha suscitado un debate intenso, centrado especialmente en las implicaciones económicas de tal decisión.
La diputada de Junts, Gemma Madrenas i Mir, ha defendido la importancia de este reconocimiento, destacando que los funcionarios penitenciarios enfrentan diariamente situaciones de alto riesgo y complejidad. Sin embargo, también ha planteado preocupaciones sobre la carga financiera que esta medida podría imponer a la Generalitat de Catalunya, sugiriendo que cualquier obligación económica derivada de decisiones del Congreso debería estar apoyada con la debida financiación. Madrenas expresó que Cataluña no debería ser vista simplemente como un lugar donde se cumplen órdenes sin la correspondiente compensación económica.
Por su parte, el diputado de VOX, Ricardo García Gomis, subrayó la histórica lucha de estos profesionales por su reconocimiento y seguridad laboral. Pidió que la medida no solo se limite al estatus de agente de la autoridad, sino que también abogue por mejoras en las plantillas, sueldos adecuados, y un enfoque más serio hacia la sanidad y la seguridad de los trabajadores en prisión, citando 529 agresiones ocurridas en 2025. García Gomis criticó al Gobierno por su tardanza en reconocer la labor de estos funcionarios y por la falta de protección legal adecuada.
El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Catalán Higueras, también admitió que aunque es un avance importante, los problemas estructurales en las prisiones siguen sin resolverse. Recalcó la necesidad de una revisión de las políticas penitenciarias y de garantizar la seguridad y protección de los trabajadores penitenciarios.
Este debate expone no solo la relevancia del reconocimiento del papel de los funcionarios de prisiones, sino también la tensión que existe en torno a la financiación de las políticas que afectan a las comunidades autónomas, especialmente en el contexto de las criticadas políticas fiscales y de competencias.