Durante la sesión correspondiente al 16 de junio de 2026, el Congreso debatió la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propone una modificación de la Ley 16/1983, de creación del Instituto de la Mujer y de diversas leyes procesales asociadas. La diputada Guinart Moreno defendió la necesidad de esta actualización, resaltando que el Instituto es fundamental en la promoción de los derechos de las mujeres en España y ha sido protagonista de los avances en materia de igualdad durante más de cuarenta años.
La modificación de la ley busca, entre otros objetivos, la trasposición de dos directivas de la Unión Europea que alinean el Instituto con las normativas contemporáneas en materia de igualdad. Esto incluye el fortalecimiento de las funciones del Instituto, dotándolo de la capacidad para actuar en situaciones de discriminación que afecten a intereses colectivos, así como para defender el interés público en procedimientos judiciales. Además, se propone regular la presidencia del Instituto, cuya elección deberá ser más transparente y basada en la profesionalidad y la experiencia en la defensa de derechos.
Se mencionó la importancia de trabajar contra las nuevas formas de violencia y discriminación que surgen con el avance tecnológico, así como la cooperación entre diferentes organismos de igualdad. La diputada Guinart insistió en que las reformas no son solo una obligación legal, sino una necesidad política y social en un contexto donde los derechos de las mujeres son frecuentemente cuestionados.
El debate no estuvo exento de críticas hacia el Partido Popular por su supuesta falta de apoyo a avances en derechos de las mujeres, aunque se destacaron los beneficios que han recibido de dichas legislaciones. La diputada Santana Perera del Grupo Mixto planteó interrogantes sobre cómo estas reformas impactarán concretamente la vida de mujeres en situaciones vulnerables, señalando la necesidad de que la legislación se traduzca en mejoras tangibles en el día a día de estas personas.
Este debate pone de manifiesto las tensiones entre diferentes visiones políticas en relación a los derechos de las mujeres y el papel de las instituciones en su promoción y defensa en la sociedad actual.