En la reciente sesión del Congreso, el debate se centró en la respuesta del Gobierno de coalición ante la alarmante subida de los precios de los carburantes, que afecta severamente al sector del transporte, responsable del movimiento del 95% de los bienes consumidos en el país. El diputado de SUMAR, Alonso Cantorné, destacó que el texto debatido incluye dos estrategias: medidas coyunturales y reformas estructurales.
Las medidas inmediatas consisten en ayudas directas y temporales para paliar el impacto del aumento de precios en los productos energéticos. Estas ayudas se dirigen tanto a las empresas que actualmente se benefician de la devolución del gasóleo profesional como a aquellas que no cuentan con esta opción. Además, se han incluido expresamente a los taxis adaptados (eurotaxis) y se ampliará la cobertura al transporte marítimo de carga entre la Península y las islas, así como Ceuta y Melilla.
La parte más relevante del decreto es la modificación de la ley del contrato de transporte terrestre, que busca resolver una injusticia histórica en el sector: la carga del sobrecoste por el aumento del combustible recae principalmente en los transportistas autónomos y pequeñas empresas. El nuevo marco legal obligará a la revisión del precio del transporte en función del coste del combustible, desglosado en la factura, e incluirá sanciones para asegurar su cumplimiento. Este cambio aporta seguridad jurídica y previsibilidad, beneficiando a un sector clave de la economía.
Por otro lado, se recordó que solo un 4% de las mercancías se transportan por ferrocarril y se anunció la creación de un sistema de ayuda directa con más de 3 millones de euros para compensar a los operadores ferroviarios ante el alza de costos.
Cantorné cerró su intervención resaltando la necesidad de continuar trabajando en medidas que protejan a la clase trabajadora frente a una gestión que, a su juicio, favorecería a grandes tenedores y directivos, en detrimento de inquilinos y trabajadores.