El Pleno del Congreso ha tomado la decisión de derogar el Real Decreto-ley 2/2026, que fue aprobado el 3 de febrero y que contenía diversas medidas destinadas a abordar situaciones de vulnerabilidad social. Esta derogación, que se llevó a cabo con 172 votos a favor, 177 en contra y 1 abstención, significa que las disposiciones de esta norma ya no tendrán ningún efecto jurídico.
El Real Decreto-ley 2/2026, justificado por la necesidad de adoptar "ciertas medidas de carácter social", abarcaba una serie de cuestiones relacionadas con la vivienda, la energía, el empleo y la financiación territorial. Entre sus principales disposiciones, se encontraban:
- Vivienda: Una suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2026, junto con la posibilidad para arrendadores de solicitar compensación.
- Medidas energéticas: Extensión de descuentos en el bono social y la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables hasta el final de 2026.
- Empleo: Prohibición de despidos justificados en los costes energéticos o en relación a la invasión de Ucrania para empresas que recibieran ayudas.
- Incentivos fiscales: Extensiones de incentivos fiscales para pequeños autónomos y medidas dirigidas a afectados por la DANA de 2024.
- Financiación territorial: Medidas relacionadas con la financiación territorial, que también son cruciales para el bienestar de las comunidades autónomas.
La derogación de este decreto afecta directamente a millones de ciudadanos, así como a pequeños autónomos y empresas que se beneficiaban de las ayudas y protecciones que incluía. La eliminación de estas medidas podría derivar en un aumento en los desahucios, un acceso más complicado a tarifas energéticas reducidas y una mayor incertidumbre en el ámbito laboral.
La situación genera un importante debate sobre la capacidad del Estado para proteger a los más vulnerables ante crisis continuas, como la reciente situación económica y conflictos internacionales. La decisión refleja el actual contexto político y la diversidad de opiniones en el Congreso sobre cómo abordar la vulnerabilidad social.
El decreto, que había entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, requería ser convalidado o derogado por la Cámara Baja en un plazo de treinta días tras su aprobación. La derogación actual marca un cambio significativo en la política social del país.