El Pleno del Congreso de los Diputados, en su reciente sesión, ha aprobado una moción consecuencia de interpelación urgente, propuesta por el Grupo Popular, que aborda las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y desarrollo de compromisos con las Comunidades Autónomas en el ámbito de la migración.
Entre las principales medidas aprobadas se encuentran:
Modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Se propone un refuerzo en la persecución de delitos relacionados con el tráfico de migrantes en aguas internacionales. Esto incluye el endurecimiento de las penas por reincidencia, explotación y pertenencia a organizaciones criminales, así como la extensión de la responsabilidad penal a aquellos que faciliten dicho tráfico.
Reforma de la Ley de Asilo: Se busca modificar la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo, para garantizar un sistema más ágil y eficaz que permita acelerar los plazos de resolución de las solicitudes. Esto se complementará con un aumento de recursos humanos y técnicos en las oficinas que diligencian estos trámites, buscando evitar fraudes en la protección internacional.
Determinación de Edad de Menores: La moción establece la necesidad de determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 72 horas. También se promueve la reunificación familiar a través de acuerdos con los países de origen y se tipificará penalmente el fraude de edad.
Refuerzo de los cuerpos de seguridad: Se prevé mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cooperación con Frontex, mediante la integración de sistemas marítimos, aéreos y satelitales para prevenir la inmigración ilegal.
Estas acciones son vitales no solo para mejorar la gestión migratoria en España, sino también para proteger los derechos de los más vulnerables, como los menores, y fortalecer la cooperación con las comunidades autónomas en la materia.
Desde el punto de vista de ciudadanos, autónomos y empresas, la implementación efectiva de estas medidas puede impactar en la seguridad pública y en la regulación de flujos migratorios, lo que podría influir en la dinámica laboral y social en distintas regiones.