El Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo al aprobar una Proposición de Ley del Grupo Popular que insta al Gobierno a realizar una auditoría integral del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual. Esta propuesta ha sido respaldada por 174 votos a favor, con 9 en contra y 165 abstenciones.
La iniciativa surge en respuesta a preocupaciones recientes sobre la gestión de estos dispositivos de control. Según se ha denunciado, el Ministerio de Igualdad está en proceso de redactar los pliegos para un nuevo contrato con el que se pretenden incluir mejoras en los dispositivos de control. Sin embargo, estas mejoras no se implementarán hasta que el contrato actual expire, dejando a las usuarias de estos dispositivos sin beneficios inmediatos.
Entre las solicitudes específicas que el Congreso ha solicitado al Gobierno se encuentran:
- Evaluación del impacto de la pérdida de datos en los procedimientos judiciales, detallando el número de casos y las víctimas potencialmente desprotegidas.
- Aportar informes sobre la solvencia técnica de las empresas contratadas.
- Información sobre las características de los dispositivos adquiridos desde 2023 y sus certificaciones técnicas.
- Justificación sobre la transición de un modelo de alquiler a un modelo de compra de dispositivos por el Ministerio de Igualdad.
- Análisis de la fiabilidad de los dispositivos actuales y su posible sustitución si se determina que no son adecuados para garantizar la seguridad de las víctimas.
- Auditoría técnica y operativa independiente del sistema de control telemático desde el cambio de proveedor en 2023.
- Informes a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de género, en un plazo máximo de 60 días, sobre fallos técnicos y protocolos de seguridad.
- Establecimiento de un mecanismo de supervisión permanente que incluya participación de diferentes administraciones para garantizar la fiabilidad del sistema.
- Refuerzo de la información en juzgados y cuerpos de seguridad sobre el uso y control de estos dispositivos.
Este desarrollo es crucial, ya que implica una revisión del sistema que gestiona la seguridad de las víctimas de violencia de género. La transparencia y el control efectivo del sistema son esenciales para proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y la auditoría propuesta podría facilitar mejoras significativas en la gestión de estos dispositivos.