El Congreso de los Diputados ha tomado una decisión significativa al aprobar, el 18 de febrero de 2026, una proposición no de ley presentada por el Grupo Plurinacional SUMAR, que busca una nueva regulación para los créditos rápidos en beneficio del consumidor. Esta normativa ha sido respaldada con un total de 176 votos a favor, 31 en contra y 137 abstenciones.
Entre las principales medidas que el Congreso ha instado al Gobierno a implementar se encuentran:
Reforzar el control de cláusulas abusivas: A través de la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, se busca coordinar esfuerzos con otras autoridades administrativas y judiciales para proteger al consumidor.
Medidas contra costes excesivos: La norma propone evitar que los consumidores sufran costos usureros en créditos.
Ampliación del ámbito de regulación: Se pretende eliminar el límite inferior de 200 euros que actualmente está presente en la normativa.
Registro de prestamistas: Se establecerá un procedimiento que permitirá supervisar a todos los prestamistas de crédito al consumo, reservando dicha actividad a empresas solventes y que cumplan prácticas respetuosas con el consumidor.
Información precontractual estandarizada: Las entidades que ofrezcan créditos deberán facilitar información clara y estandarizada antes de la contratación.
Control por parte del Banco de España: Las empresas de crédito al consumo estarán bajo la supervisión del Banco de España, asegurando una mayor regulación.
Prohibición de publicidad engañosa: Se prohibirá la publicidad de créditos rápidos que sólo resalte la facilidad para obtenerlos en detrimento de sus costos.
Controles publicitarios y en la ejecución de contratos: Se reforzarán los mecanismos para identificar y sancionar conductas publicitarias que representen un riesgo para los consumidores.
Evaluación de solvencia: La norma busca mejorar los procedimientos de evaluación de solvencia al conceder créditos, para evitar el sobreendeudamiento de los consumidores.
Este movimiento legislativo se considera crucial en un contexto donde los consumidores pueden verse atrapados en deudas excesivas, y permitirá un entorno financiero más responsable y transparente. Para ciudadanos, autónomos y empresas implicados en el sector, estas medidas representan un cambio importante en la regulación de créditos, beneficiando la salud financiera y promoviendo prácticas más justas y responsables.