El Pleno del Congreso ha tomado una decisión importante al rechazar la enmienda de totalidad de devolución del Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Esta enmienda fue desestimada con 32 votos a favor, 177 en contra y 136 abstenciones, lo que permite que el texto continúe su tramitación en las fases parlamentarias correspondientes.
Este proyecto de ley forma parte del Plan de Acción por la Democracia, que fue aprobado por el Gobierno en septiembre de 2023, y tiene como objetivo mejorar la transparencia en la gobernanza y fomentar la rendición de cuentas. Además, se inscribe dentro del contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hacia la Agenda 2030 y del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024).
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la creación de un registro de lobbies, cuya inscripción será obligatoria para aquellos que deseen ejercer actividades de influencia en el ámbito público. Este registro estará regulado por un código de conducta y establecerá sanciones para las infracciones cometidas por estos grupos de interés. Según el texto, la actividad de influencia se define como cualquier comunicación realizada por un grupo de interés con personal público que tenga el objetivo de intervenir en los procesos de toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas.
En su título IV, el proyecto propone que las actividades de los grupos de interés sean reflejadas en informes de huella normativa, que deben incluir la identidad del personal público contactado y las observaciones y aportaciones realizadas por los lobbys. La ley define como "grupo de interés" a individuos o entidades que influyen en las decisiones públicas, estableciendo claras directrices sobre quiénes pueden ser considerados como tales.
La enmienda presentada por Vox argumentaba que el texto podría conducir a un control administrativo excesivo sobre entidades privadas, sugiriendo que esta regulación no sería equilibrada ni objetiva. Sin embargo, el rechazo de la enmienda indica un consenso en la necesidad de avanzar hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en las actividades de influencia sobre la política pública.
Este avance legislativo tiene implicaciones directas para la ciudadanía, autónomos y empresas, ya que busca garantizar una mayor transparencia en la gobernanza, fundamental para fortalecer la democracia y aumentar la confianza en las instituciones.