El Pleno del Congreso de los Diputados se reunió para escuchar la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2025. Este informe no solo proporciona un panorama sobre las quejas y resoluciones llevadas a cabo, sino que también subraya la importancia de la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito administrativo.
Durante el año 2025, el Defensor del Pueblo tramitó 38,144 quejas que resultaron en 2,059 resoluciones, 721 recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales. A nivel de atención directa, se colaboró con 44,278 ciudadanos, de los cuales 42,785 lo hicieron a través de llamadas telefónicas y 1,493 de manera presencial. Además, se iniciaron 253 actuaciones de oficio y se analizaron solicitudes de interposición de recursos al Tribunal Constitucional.
Las quejas más comunes provinieron de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que representaron más del 55% del total de las quejas. El informe destaca una serie de problemas recurrentes que parecen persistir a lo largo del tiempo, tales como las dilaciones judiciales, las listas de espera en el ámbito sanitario, y los retrasos en la tramitación de expedientes de nacionalidad.
Entre los temas que el Defensor del Pueblo puso de relieve en su informe se encuentran:
Convivencia educativa como medida para menores: En la gestión de la privación de libertad de menores, se enfatiza la importancia de un ambiente de socialización positivo.
Acceso a la justicia para personas mayores: Se requiere un lenguaje comprensible y accesible para facilitar la relación de estas personas con el ámbito judicial.
Impacto del Reglamento de Extranjería: La nueva interpretación del reglamento afecta negativamente la capacidad de solicitantes de protección internacional para pedir autorizaciones de residencia.
Apoyo a víctimas de trata: Se atendió a un grupo de más de 200 personas víctimas de explotación laboral en condiciones precarias.
Problemas en formación profesional: Quejas sobre la falta de docentes en determinadas especialidades y la dificultad en el acceso a prácticas curriculares.
Retrasos en el reconocimiento de la discapacidad: Se registraron cerca de 1,300 quejas de personas que no habían recibido respuestas a sus solicitudes de valoración de discapacidad.
Estos puntos resaltan la necesidad de realizar mejoras en varias áreas administrativas para asegurar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos adecuadamente. El informe pone de manifiesto que, a pesar de algunas mejoras, muchas problemáticas siguen sin resolverse de manera efectiva.