El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el 17 de junio de 2025 la toma en consideración de una Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular, cuyo objetivo es garantizar la continuidad de la energía nuclear en el proceso de descarbonización del sistema energético español. Esta iniciativa ha obtenido 171 votos a favor, 166 en contra y siete abstenciones, reflejando un debate intenso sobre el futuro de la energía nuclear en el país.
El Grupo Popular resalta en su argumentación que la generación de energía nuclear contribuye no solo a reducir el precio del sistema eléctrico, sino también a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, destaca que la industria nuclear es un sector significativo en términos de empleo, con alrededor de 28.500 trabajadores, y que entre el 60% y el 80% de su actividad está dedicada a la exportación.
La proposición de ley propone establecer un marco normativo que garantice el mantenimiento de las instalaciones nucleares en operación a largo plazo y establece criterios que aseguran la seguridad del suministro. Esto incluye condiciones necesarias para la operación y el eventual cese de actividades de las instalaciones nucleares, así como regulaciones sobre cómo el sistema eléctrico y sus organismos podrán gestionar la libre circulación en el mercado en relación con los requisitos de seguridad y continuidad del suministro eléctrico.
Con la superación del debate de toma en consideración, se abre un periodo para la presentación de enmiendas, tanto a la totalidad como al articulado de la ley. En caso de que se presenten enmiendas a la totalidad, se permitirá un debate sobre textos alternativos. Si no se presentan o son rechazadas, la iniciativa pasará a su fase de tramitación en ponencia y comisión antes de ser remitida al Senado.
Esta propuesta es relevante para todos, ya que la energía nuclear juega un papel crucial en el mix energético de España, afectando tanto a los precios de la electricidad como a la sostenibilidad del sistema energético, lo que tiene un impacto directo en los ciudadanos, autónomos y empresas que dependen de un suministro energético estable y a precios competitivos.