Durante el último Pleno del Congreso, el Gobierno español expuso su firme compromiso con la estabilidad del Líbano y la integridad de su territorio. Se destacó el despliegue continuo de tropas españolas en la Misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) desde 2006, reafirmando que la seguridad de estos soldados es una "prioridad absoluta". En este contexto, se condenaron los recientes ataques que han resultado en la muerte de cinco soldados de FINUL y la retención de un soldado español por fuerzas israelíes. El Gobierno subrayó que "a los soldados españoles no se les toca nunca".
El presidente del Gobierno también anunció una asignación de 10 millones de euros a través del PNUD para apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas y abogó por la restauración del monopolio estatal del uso de la fuerza y el desarme de Hizbulá. Por otra parte, expresó el rechazo total a la guerra en Irán, que afecta a la estabilidad en la región, y exigió el respeto al derecho internacional así como a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
Asimismo, el Ejecutivo manifestó su preocupación por la situación de Narges Mohammadi, una defensora de los derechos de las mujeres en Irán, quien se encuentra en condiciones críticas de salud en prisión, exigiendo su liberación y el acceso a atención médica adecuada.
El contexto económico derivado de estos conflictos también fue analizado. Se mencionaron los efectos inflacionistas a nivel global, indicándose que los precios de la energía han aumentado considerablemente desde el inicio del conflicto en Irán, con el barril Brent alcanzando un precio un 40% superior.
La intervención terminó resaltando la necesidad de soluciones diplomáticas y políticas, en lugar del uso de la fuerza, para resolver la crisis en Irán y en la región en general.