El Pleno del Tribunal Constitucional, en una providencia fechada el 26 de mayo de 2026, ha decidido aceptar la cuestión de inconstitucionalidad número 6723-2025. Esta cuestión ha sido planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el marco del procedimiento ordinario 669-2024. El motivo de esta cuestión se encuentra en la posible vulneración de varios artículos de la Constitución Española (CE) relacionados con derechos fundamentales y el funcionamiento de la Justicia.
En particular, se pone en entredicho la disposición transitoria decimocuarta y la disposición final séptima, apartado dos, de la Ley Orgánica 1/2025, que se refiere a medidas dirigidas a mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Aunque aún no se ha resuelto esta cuestión, su admisión a trámite indica que el Tribunal Constitucional estudia si dichas disposiciones pueden estar infringiendo derechos consagrados en la Constitución.
Es importante que quienes estén involucrados en el procedimiento ordinario núm. 669-2024 se personifiquen ante el Tribunal Constitucional. Tienen un plazo de quince días a partir de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Estado, es decir, hasta el 16 de junio de 2026.
En resumen, la decisión del Tribunal Constitucional podría afectar cómo se gestionan los procesos judiciales relacionados con la eficiencia del servicio de justicia en el País Vasco, y es crucial que los interesados tomen las medidas necesarias para no perder derechos en este procedimiento.