La reciente resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, datada el 4 de febrero de 2026, ha confirmado la suspensión de la inscripción de una escritura de compraventa de viviendas de protección oficial ubicada en Andújar, un asunto que ha suscitado interés debido a sus implicaciones para el mercado de vivienda protegida en Andalucía.
Contexto del caso
El recurso fue presentado en nombre de la empresa ‘Unicaja Tramitaciones, S.A.’ tras que el registrador de la propiedad suspendiera la inscripción de la escritura de compraventa y subrogación de hipoteca. Los principales motivos invocados fueron la falta de ratificación por parte del acreedor y la ausencia de notificación de la transmisión a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.
Implicaciones de la resolución
Obligación de notificación: La resolución aclara que para poder inscribir registros sobre viviendas de protección oficial (VPO), es imprescindible notificar a la Junta de Andalucía cualquier transmisión. Esta medida garantiza que la Administración pueda ejercer sus derechos de tanteo y retracto en caso de segundas y posteriores transmisiones.
Definición de la transmisión: Aunque se intentó catalogar la transacción como una "dación en pago", el tribunal consideró que, debido al modus operandi (la venta a una entidad participada por el acreedor), se trataba más bien de una compraventa convencional. Esto refuerza la interpretación de que cualquier movimiento con viviendas protegidas debe seguir las normativas vigentes.
Consecuencias legales: La falta de cumplimiento con el requisito de notificación hace que las transmisiones sean nulas de pleno derecho, salvo en lo que respecta al derecho de retracto. Es decir, si las partes no notifiquen adecuadamente a la administración, la transmisión no se registrará válidamente.
Plazo para recurrir: Los interesados tienen un plazo de dos meses desde la notificación de esta resolución para presentar una demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia donde se ubica el inmueble, en línea con lo establecido por la Ley Hipotecaria.
Conclusión
Esta resolución es crucial para el mercado de viviendas protegidas en Andalucía, afectando directamente a compradores, vendedores y a las entidades involucradas en el proceso de transmisión de estos inmuebles. La decisión subraya la importancia del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para proteger los intereses de la vivienda pública.
Los propietarios y futuros compradores de viviendas de protección oficial deben estar atentos a estas disposiciones, asegurándose de respetar todos los procedimientos legales para evitar complicaciones futuras en la inscripción de sus derechos sobre estas propiedades.