La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha tomado una decisión importante al crear una nueva Mesa de Contratación. Esta medida se da en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que las Administraciones Públicas deben contar con este tipo de órganos para delegar tareas técnicas en los procesos de adjudicación de contratos.
¿Qué es la Mesa de Contratación?
La Mesa de Contratación es un órgano que asiste al responsable de AICA en el proceso de contratación y se encargará de evaluar las ofertas de las empresas que deseen trabajar con el organismo. La nueva mesa sustituye a la anterior, creada en 2021, para mejorar el funcionamiento y adaptarse a las necesidades actuales de la AICA, sobre todo en lo que respecta a aquellas licitaciones donde no es necesario publicar anuncios.
Composición de la Mesa
La nueva Mesa de Contratación estará compuesta por:
- Presidente: El titular de la Secretaría General de AICA.
- Vocales: Dos funcionarios de nivel 26 o superior, un abogado del Estado y un interventor delegado.
- Secretario/a: Un funcionario del mismo nivel que los vocales.
Además, en caso de ausencia de alguno de estos miembros, habrá profesionales suplentes designados de manera similar.
Funciones de la Mesa
La Mesa tendrá varias funciones clave:
- Evaluar y calificar la documentación de las ofertas.
- Proponer la adjudicación del contrato al candidato que presente la mejor oferta.
- Actuar en procedimientos de diálogo competitivo y otros tipos de licitación.
¿Qué implica para el ciudadano?
Para el ciudadano común, esta medida no implica un cambio directo en sus derechos u obligaciones, pero sí asegura que los contratos públicos en el ámbito alimentario se manejen de una manera más profesional y con controles adecuados, lo que podría mejorar la calidad de los servicios y productos que recibe.
Presupuesto
Es importante destacar que la creación de esta nueva Mesa de Contratación no supondrá un incremento del gasto público, lo que significa que se mantendrán los costos bajo control.
La resolución fue firmada el 24 de abril de 2026 y surtirá efecto el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 6 de mayo de 2026.