La Diputación Permanente, celebrada hoy 26 de agosto de 2025, ha tomado la decisión de rechazar las solicitudes de comparecencia en sesión extraordinaria del Pleno y en comisiones del presidente del Gobierno, dos vicepresidentas y seis ministros, todas a petición del Grupo Parlamentario Popular.
Este rechazo es significativo ya que las solicitudes planteaban cuestiones cruciales para la política y la gestión del Gobierno. En particular, se solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno para “rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE”, haciendo referencia a la imputación de nuevos delitos a su esposa y otras investigaciones judiciales.
Además, también se ha debatido sobre las comparecencias de las vicepresidentas y ministras implicadas en diversas áreas. Por ejemplo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda debía informar sobre las medidas de deuda que el Gobierno está preparando, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica tenía que rendir cuentas sobre el apoyo a las comunidades afectadas por los recientes incendios forestales. La comparecencia del ministro de la Presidencia también era requerida para explicar el respaldo del Gobierno al Fiscal General del Estado, tras su procesamiento por parte del Tribunal Supremo.
Por otro lado, se solicitó la comparecencia del ministro de Transportes para discutir los problemas en el sistema ferroviario, así como de la ministra de Igualdad, quien debía detallar las medidas contra el machismo en el entorno gubernamental, en relación a varios casos de relevancia pública.
La Diputación Permanente es un órgano vital que actúa cuando el Congreso no está en sesión, velando por los poderes de la Cámara y pudiendo convocar sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo requieren. Este grupo incluye 68 miembros de diferentes grupos parlamentarios, lo que refleja la diversidad política en el Congreso.
El rechazo de estas solicitudes puede tener un impacto en la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno, especialmente en temas sensibles como la corrupción y la gestión de crisis sociales. La falta de comparecencias puede generar inquietud entre los ciudadanos y ampliar la brecha de desconfianza hacia las instituciones.