La Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia ha publicado un anuncio de licitación para el servicio de traducción e interpretación que se atenderá en los órganos judiciales que dependen de las Gerencias Territoriales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Este servicio es esencial para facilitar la comunicación en procesos judiciales donde intervienen personas que no hablan español, así como para la adaptación a la legislación de la Unión Europea en materia de asistencia judicial.

¿Qué implica esta licitación?

  • Objeto de la licitación: Proveer servicios de traducción e interpretación en diferentes lotes, incluyendo Islas Baleares, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, así como para la gestión de notas de condena de tribunales europeos.

  • Valor Estimado: La cuantía total estimada para el contrato asciende a 11.590.931,00 euros.

Importancia de la licitación

Este anuncio es relevante ya que impacta tanto en el funcionamiento del sistema judicial, facilitando el acceso a la justicia para personas que no dominan el español, como en el sector de servicios de traducción, ofreciendo oportunidades para empresas del ámbito.

Participación en la licitación

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas hasta las 14:00 horas del 29 de junio de 2026. Las ofertas se dirigirán a la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia, ubicada en Madrid. La apertura de ofertas se llevará a cabo el 1 de julio de 2026 y será de forma privada.

¿Cómo participar?

  1. Acceso a pliegos: Las empresas pueden acceder gratuitamente a los pliegos de la licenciación a través del siguiente enlace: Perfil de comprador.
  2. Documentación necesaria: Se requiere demostrar capacidad económica, experiencia previa en servicios similares y cumplir con normativas fiscales y laborales de España.
  3. Presentación electrónica: Las empresas pueden presentar sus ofertas y facturas de manera electrónica, facilitando así el proceso.

Esta licitación representa una oportunidad significativa para empresas del sector de traducción e interpretación, y al mismo tiempo, una mejora en la calidad del acceso a la justicia en España.