El 24 de febrero de 2026, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó un conjunto de reformas dirigidas a mejorar la fiscalización en la contratación pública, enfocándose en la actividad de la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas durante los ejercicios 2020 y 2021. Estas medidas tienen como objetivo garantizar una gestión más transparente y eficiente del gasto público.
Entre las principales recomendaciones destacan:
Análisis previo de necesidades: Las entidades deben realizar un estudio riguroso antes de elaborar planes de contratación para asegurar que se cubren necesidades reales y se evita el gasto innecesario.
Planes anuales de contratación: Se recomienda que todos los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica publiquen sus planes de contratación de forma clara y accesible.
Auditorías mantenidas: Se exigirá que se realicen auditorías de infraestructuras críticas para minimizar la necesidad de contratos de urgencia.
Sistema automatizado de avisos: Este sistema alertará sobre la finalización de contratos importantes, previniendo interrupciones en servicios públicos.
Formación obligatoria: Se implementará un plan de formación en contratación pública para asegurar que todos los involucrados en este proceso estén debidamente capacitados.
Foco en pymes y autónomos: Se instará a fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas en el mercado de contratación pública, contribuyendo así a su crecimiento.
La Comisión también ha instado al Gobierno a garantizar que se cumplan plazos y normas de transparencia, y a establecer penalidades en caso de incumplimientos en la publicación de expedientes o en la gestión del contrato.
Estas medidas son parte de una estrategia más amplia para mejorar la gobernanza y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, con especial énfasis en la necesidad de hacer más accesible la información para la ciudadanía y los potenciales licitadores.
La implementación de estas directrices se espera que contribuya significativamente a la mejora en los procesos de contratación pública y en el uso responsable de los fondos públicos en España.