La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 24 de febrero de 2026, ha decidido asumir el contenido del informe sobre la fiscalización de la contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2022. El objetivo es mejorar los procesos de contratación pública y asegurarse de que se cumplan todas las normativas y requisitos legales.
Principales medidas acordadas:
Reforzar los controles internos: Se buscará garantizar la exactitud y coherencia de la información relacionada con los contratos y sus expedientes ante el Tribunal de Cuentas. Esto significa que las instituciones deben remitir información completa y que no haya errores que puedan afectar la transparencia.
Aumentar la transparencia: Las entidades deben intensificar los controles sobre la publicación y divulgación de información en los perfiles de contratantes, especialmente información relevante sobre subcontrataciones, como su alcance y condiciones.
Mejorar la planificación de contratos: Se exigirá mayor rigor en la planificación de los contratos, realizando estudios más detallados y abordando adecuadamente los riesgos, con el fin de evitar retrasos y modificaciones que podrían haberse previsto.
Criterios claros de adjudicación: Se deberá motivar adecuadamente la elección de los criterios para adjudicar contratos, con el fin de que sean claros y estén vinculados al objeto del contrato.
Promoción de criterios sociales y medioambientales: Se impulsará la incorporación de criterios sociales y ambientales en los contratos, creando mecanismos de control y posibles penalidades en caso de incumplimiento.
Controles sobre la subcontratación: Se requerirá establecer procedimientos específicos para poder controlar la subcontratación, asegurando que los subcontratistas cumplan con sus obligaciones.
Guías técnicas de valoración: Se desarrollarán guías uniformes para valorar ofertas y asegurar que la puntuación de las mismas sea justa y objetiva.
Fomento de la división en lotes: La división de contratos en lotes será la regla general, y cualquier decisión contraria deberá estar debidamente justificada, lo que permitirá una mayor competencia y oportunidades para pequeñas y medianas empresas.
Capacitación en contratación pública: Se implementará un plan de formación obligatoria para los responsables de contratación en organismos, con el objetivo de mejorar la calidad técnica de los expedientes y evitar futuras deficiencias.
Con estas medidas, se espera mejorar la confianza en la gestión de los recursos públicos y fomentar una mayor participación de empresas, especialmente las más pequeñas, en los procesos de contratación pública.