El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el 24 de septiembre de 2025 una proposición no de ley del Grupo Junts per Catalunya que insta al gobierno a modificar el artículo 30.2 del Real Decreto 295/2009. Este artículo regula la solicitud y la resolución de la prestación económica por paternidad, y la modificación propuesta busca establecer un mayor control sobre las solicitudes, especialmente aquellas provenientes de trabajadores migrantes.
La iniciativa ha sido respaldada con 176 votos a favor frente a 171 en contra, y responde a preocupaciones sobre un aumento significativo en las solicitudes de esta prestación por parte de trabajadores migrantes en sectores como la agricultura y la construcción. Se han detectado casos de posibles fraudes, donde se han presentado solicitudes de forma repetida en un corto período alegando nacimientos ficticios en el país de origen sin la documentación adecuada.
La modificación propuesta incluye la incorporación de requisitos específicos de acreditación mediante certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles. Esto garantiza que las prestaciones se otorguen únicamente a aquellos casos que cumplan con los principios de legalidad y veracidad de la norma. En términos concretos, se sugiere que las solicitudes deben ir acompañadas de documentos que demuestren el nacimiento del menor, especialmente si ha ocurrido en el extranjero.
La nueva redacción del apartado incluye varios puntos críticos para la concesión de la prestación, como la exigencia de presentar el libro de familia o una certificación de inscripción del hijo en el Registro Civil, así como un certificado de nacimiento válido desde el consulado, entre otros requisitos. Además, se especifica que el incumplimiento de estos requisitos puede llevar a la denegación y revocación de la prestación, así como a la obligación de devolver cualquier importe recibido.
Este cambio en la normativa es relevante tanto para los futuros solicitantes de la prestación por paternidad como para las empresas, que podrían enfrentar complicaciones si se demuestra que un empleado ha cometido fraude en la solicitud de esta prestación.
En conclusión, la modificación del artículo 30.2 del RD 295/2009 representa un esfuerzo legislativo por parte del Congreso para asegurar que las prestaciones de paternidad se gestionen de manera rigurosa y se eviten abusos en el sistema.