El 24 de febrero de 2026, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas se reunió para evaluar el Informe de fiscalización relacionado con las elecciones a Cortes Generales celebradas el 23 de julio de 2023. Como resultado, se han acordado varias medidas que impactarán en la regulación de la financiación y los gastos electorales.
Entre las principales acciones, se instó al Gobierno a considerar:
Regulación de Microcréditos: Se propone limitar la cantidad máxima que un prestamista puede aportar a las cuentas electorales, asegurando que estos fondos se utilicen adecuadamente y que se devuelvan dentro del año siguiente a las elecciones.
Modificación de la Ley sobre Financiación de Partidos: Se busca que las donaciones realizadas entre la convocatoria y el cierre de la campaña electoral se consideren como parte de la financiación electoral, sometiéndose a los mismos requisitos que estipula la legislación.
Eficiencia en Envíos Electorales: Se evaluará los métodos actuales de envío de propaganda electoral, proponiendo un sistema más eficiente que reduzca costos y mejore la distribución, garantizando que lleguen correctamente a los votantes.
Centralización de Compras: Se estudiará la posibilidad de adquirir sobres y papeletas de forma centralizada para aprovechar precios más bajos y reducir el gasto público.
Gastos Electorales Ampliados: Se solicita que no se excluyan ciertos gastos (como transporte y comidas) de la contabilización electoral, con el fin de tener una visión completa de los costos que implican las campañas.
Además, se instó a la Junta Electoral Central y a los grupos parlamentarios a implementar cambios legislativos que mejoren la transparencia y eficiencia en las cuentas electorales, promoviendo que todos los trámites se realicen de manera telemática.
Estas medidas buscan mejorar la fiscalización y regulación del financiamiento en las campañas electorales y asegurar una mayor transparencia en el uso de fondos públicos y privados.
El tipo de cambios propuestos implica que los partidos políticos tendrán que adaptar su forma de financiamiento, asegurándose de cumplir con nuevas normas sobre donaciones y gastos en propaganda. Esto es un movimiento hacia una mayor transparencia en la política española que podría afectar a todos los ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes.