La Abogacía General del Estado ha firmado un nuevo convenio de asistencia jurídica con la Universidad Politécnica de Madrid, formalizado el 10 de abril de 2026. Este convenio tiene como objetivo proporcionar asesoramiento y defensa legal a la universidad en los diferentes ámbitos judiciales.

Aspectos clave del convenio:

  1. Asistencia Jurídica: La Abogacía facilitará abogados del Estado que actuarán como asesores y defensores de la universidad en litigios. La Universidad se compromete a colaborar con estos abogados para defender sus intereses.

  2. Facultad de Elección: Aunque la universidad contará con asistencia jurídica del Estado, podrá optar por designar su propio asesor legal si lo considera necesario en sus procedimientos judiciales.

  3. Contraprestación Económica: La Universidad Politécnica de Madrid abonará un total de 34.986 euros anuales (más IVA) a la Abogacía General del Estado como contraprestación por los servicios prestados. Este pago se dividirá en tres partes a lo largo del año.

  4. Duración: El convenio tendrá una vigencia de dos años, aunque podrá prorrogarse por un máximo de dos años más si ambas partes están de acuerdo.

  5. Supervisión y Modificaciones: Se creará una comisión de seguimiento para controlar la ejecución del convenio, la cual se reunirá al menos una vez al año.

  6. Costas Judiciales: En caso de que la universidad sea condenada en costas en un litigio, deberá asumir el pago a la parte contraria. Si la parte condenada en costas es la contraria, se podrán ingresar las costas a favor de la universidad.

En resumen, este convenio mejora la asistencia jurídica que recibe la Universidad Politécnica de Madrid y asegura una mayor coordinación y efectividad en la defensa de sus intereses. Además, permite una mejor gestión de los recursos y gastos relacionados con esta asistencia legal.

Importante para la comunidad universitaria: Este acuerdo permite a la Universidad tener acceso a asesoramiento legal profesional y especializado, lo que puede ser crucial en la defensa de sus derechos en procedimientos judiciales.

Este convenio sustituye al anterior firmado en 2024 y entra en vigor inmediatamente.